Rapal pidió al MGAP que prohíba el insecticida clorpirifós por entender que las regulaciones actuales no son la “solución”
María Isabel Cárcamo, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal) en Uruguay, tuvo una reunión con Leonardo Olivera, director general de Servicios Agrícolas (DGSA), y Fernanda Maldonado, directora general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la semana pasada. La referente en el activismo contra sustancias tóxicas dijo a la diaria que habló con las autoridades sobre diferentes temas durante más de una hora.
Denunció “los impactos que están teniendo los agrotóxicos sobre los polinizadores” y puso sobre la mesa un trabajo publicado en una revista del grupo Nature, firmado por 59 investigadoras e investigadores de América Latina –incluidos uruguayos de diferentes instituciones–, en el que se reporta que en la región se pierde el 30% de las colmenas al año. Se trata del primer estudio estandarizado de nuestra región sobre la problemática, que detectó que Uruguay estuvo por encima del promedio, con pérdidas de entre 32% y 38% en los años analizados. “Es todo un problema para los apicultores, pero no solamente para ellos, sino por todo lo que significan los polinizadores para la agricultura en general y para el ambiente”, planteó Cárcamo.
Cabe resaltar que los insectos polinizadores, pese a su alarmante declive, aportan más de 22.500 millones de dólares al año en distintos cultivos de América Latina. “Les pregunté [a las autoridades] si tenían algún registro de cuántos apicultores habían abandonado el rubro. No lo tenían muy claro”, acotó.
Según Cárcamo, también intercambiaron sobre la modificación a la normativa que trata sobre los registros de aplicaciones de agroquímicos. En 2022, a partir del diálogo entre el MGAP y las gremiales agropecuarias, se optó por disponer que funcionen de forma “voluntaria” por el plazo de un año. En la decisión se incluyó a las empresas que realizan fumigaciones a terceros, que estaban reguladas en la normativa anterior. La flexibilización generó el fuerte rechazo de trabajadores asalariados rurales, apicultores y la academia. Sobre este punto, la integrante de la Rapal dijo que no se le brindó “absolutamente ningún dato específico” vinculado a la cantidad de registros de aplicaciones. “Ellos son los que tienen que poner las reglas, no el productor”, exigió.
Más datos del insecticida
En febrero de este año, IPEN –una red global de más de 600 organizaciones de 127 países que trabajan para eliminar sustancias tóxicas– publicó un trabajo llamado La amenaza mundial de los plaguicidas altamente peligrosos, bajo la autoría de Sara Brosché, doctora en Ciencias Ambientales con especialización en contaminación farmacéutica y ecotoxicología de mezclas. En Uruguay, la Rapal ayudó a la red a obtener información. El objetivo del documento es “apoyar los esfuerzos realizados en el marco del Convenio de Estocolmo” y brindar conocimiento para que se tome una “decisión firme” sobre la inclusión en el anexo A de plaguicidas, entre ellos, el clorpirifós.
Enseguida, se aclara que el clorpirifós “puede causar daños neurológicos en adultos” y generar impactos tales como “alterar el sistema hormonal tiroideo”. “Los informes de miembros de IPEN muestran que el clorpirifós es uno de los plaguicidas más utilizados en muchos países. Se importa y se utiliza en grandes volúmenes, en vastas extensiones agrícolas y al aire libre, así como en el interior de los hogares y otros espacios. Suele haber muchas marcas y formulaciones diferentes disponibles”, describen. Al mismo tiempo, plantean que se “ha documentado contaminación ambiental, exposición humana e impactos sobre la salud en muchos países, como Indonesia, India, México y Chile”, además de haber detectado la presencia de residuos de clorpirifós en alimentos.
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